La iniciativa solicita que el Jefe de Gabinete, con intervención del Ministerio de Defensa y de la Sindicatura General de la Nación, remita en un plazo de quince días toda la documentación jurídica, técnica, administrativa y contable vinculada a la operación, incluyendo contratos, dictámenes legales, actas de directorio y detalles sobre el impacto patrimonial del acuerdo.

Brügge advirtió que el entendimiento involucra programas estratégicos como el Pampa III, el Pucará Fénix y el IA-100B, en medio de una profunda crisis financiera de la principal fábrica aeronáutica del país. Según sostuvo en los fundamentos del proyecto, existen dudas sobre la metodología utilizada para determinar el monto final del acuerdo, el encuadre jurídico de la operación y sus efectos concretos sobre la situación económica de la empresa estatal.

“El Congreso tiene la responsabilidad institucional de conocer con precisión cómo se valuaron las obligaciones cruzadas entre FAdeA y el Estado Nacional, cuáles son los contratos alcanzados y si este mecanismo realmente contribuye al saneamiento de la compañía”, expresó el legislador.

El pedido de informes también pone el foco en el deterioro financiero que atravesó la empresa durante los últimos años. El proyecto recuerda que documentos internos de la firma habían advertido sobre una “crisis estructural sin precedentes”, con patrimonio neto negativo, problemas de liquidez, deudas fiscales y previsionales, además de riesgos de paralización operativa.

En ese contexto, la iniciativa reclama precisiones sobre el eventual impacto del acuerdo en la reactivación de los programas de producción y mantenimiento aeronáutico, la regularización de pagos a proveedores y la continuidad laboral del personal afectado por suspensiones y procedimientos preventivos de crisis.

Asimismo, el texto menciona la preocupación de cámaras empresarias del sector aeronáutico y metalúrgico cordobés por la situación de las PyMES vinculadas a la cadena productiva de FAdeA, que sostienen cientos de puestos de trabajo.

“El objetivo no es cuestionar el acuerdo en sí mismo, sino garantizar transparencia sobre una operación de enorme magnitud económica e institucional”, concluyó Brügge al solicitar el acompañamiento parlamentario para la aprobación del proyecto.