Este martes comienza un nuevo paro de 48 horas en las universidades nacionales, convocado por los gremios que conforman el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida, que abarca a docentes y no docentes, se suma a la huelga de 72 horas realizada la semana pasada, la cual tuvo un alto acatamiento en varias universidades públicas, muchas de las cuales habían iniciado el segundo cuatrimestre en ese período.

Los sindicatos universitarios han confirmado su intención de convocar una nueva Marcha Federal Universitaria durante la semana del 9 de septiembre, en respuesta a la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno nacional. Según informaron fuentes del Frente Sindical a Infobae, las reuniones mantenidas hasta la fecha no han producido ningún acercamiento significativo, a pesar de la creación de una “comisión técnica tripartita” que incluye a los sindicatos y representantes de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La crisis salarial en el sector universitario se ha profundizado en los últimos meses. Desde el gremio señalan que, mientras los salarios aumentaron un 71% entre diciembre y julio, la inflación acumulada en el mismo período superó el 125%, lo que ha generado una pérdida de poder adquisitivo superior al 50% en lo que va del año. A esto se suma el rechazo reiterado de los sindicatos a las propuestas del Gobierno, que han incluido aumentos del 3% para agosto y del 2% para septiembre, consideradas insuficientes por los trabajadores.

En este contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó una campaña en redes sociales bajo el lema “salarios dignos para que los profesores puedan estar en las aulas”. Los spots muestran a docentes universitarios trabajando en empleos como call centers, mozos, kiosqueros, conductores de Uber o repartidores de apps de delivery, reflejando la precaria situación laboral que enfrentan.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, expresó su preocupación por el deterioro de los salarios: “No podemos pedirle a un profesor que siga dando clase con un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. En el transcurso de este año, nuestros salarios perdieron más del 50% de su poder adquisitivo. No tenemos registro en la historia de un gobierno que en tan poco tiempo haya hecho un ajuste tan brutal en la educación superior”.

En tanto, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, elaborado por los economistas Javier Curcio y Julián Gabriel Leone, reveló que en 2024 los salarios universitarios han perdido 55 puntos porcentuales frente a la inflación acumulada, lo que representa una caída más pronunciada que en otros sectores del empleo público.

Mientras los gremios se preparan para intensificar las protestas, la Cámara de Diputados dio media sanción la semana pasada a un proyecto de ley que establece pautas para la actualización del financiamiento universitario, con la intención de que los fondos para el sistema de educación superior acompañen la variación del índice de precios al consumidor (IPC). La iniciativa también contempla una recomposición salarial mensual conforme a la inflación informada por el INDEC, aunque el vocero presidencial, Manuel Adorni, ha señalado que no está en agenda vetar una eventual sanción de la ley, a menos que afecte “el equilibrio de las cuentas públicas”.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) destacó la importancia de esta ley para garantizar la sostenibilidad del sistema universitario y recuperar la normalidad en el desarrollo de las actividades académicas. Sin embargo, la diputada nacional Danya Tavela advirtió que, si la situación no se resuelve, la conflictividad podría intensificarse de cara a la discusión del presupuesto 2025.

La tensión entre el Gobierno y los gremios universitarios sigue en aumento, mientras las autoridades se esfuerzan por encontrar una solución que permita retomar el normal funcionamiento de las universidades públicas en todo el país.