La investigación judicial que avanza sobre los fondos públicos asignados a la impresión de boletas en las elecciones de 2023 tiene un protagonista clave: Alejandro Bonacci, socio político de José Luis Espert, señalado como el responsable de recibir el dinero del Estado y no cumplir con la producción del material electoral.

Según la denuncia presentada por Ramiro Vasena, ex precandidato presidencial, la maniobra habría dejado a su espacio fuera de competencia y benefició a los sectores vinculados a Bonacci. “Se montó una ingeniería electoral para defraudar al Estado y perjudicar a quienes competíamos de buena fe”, denunció.

El expediente en manos de María Romilda Servini apunta a la imprenta DWP, en Rosario, propiedad de Bonacci y de familiares de Ernesto Habra, que habría concentrado los contratos de más de veinte partidos. Parte de esas boletas nunca se imprimieron, pese a que los fondos fueron transferidos.

En paralelo al ruido político por el caso Espert, la justicia electoral analiza ahora si existió una red de corrupción montada alrededor de Bonacci para apoderarse del dinero estatal. Vasena reclamó que se unifiquen las causas y que se investigue hasta el final la ruta del dinero.