Este martes 4 de junio la Corriente Federal de los Trabajadores manifestó su respaldo al proyecto de ley provincial D-199/24-25. Este proyecto, que ya obtuvo media sanción en Diputados, busca recomponer el monto de las indemnizaciones laborales en los casos en que el empleador no las pague al momento del despido y el caso se judicialice. Para ello, establece una tasa de interés activa aplicable en las sentencias judiciales. Esto equipara el monto con la inflación y evita que las indemnizaciones pierdan poder adquisitivo.

En su comunicado, la Corriente Federal de los Trabajadores desmintió a las entidades patronales que previamente se manifestaron contra la iniciativa alegando un supuesto perjuicio a las PyMEs. Sobre ello, expresaron: "Lo llamativo es que no explican por qué los empresarios que eventualmente se verían afectados, no pagaron las indemnizaciones que legalmente corresponde por un despido injustificado, lo que realmente esconde una conducta especulativa bastante extendida entre los malos empleadores, de empujar a una demanda judicial al trabajador o trabajadora que de un día para el otro se queda sin Ingreso, desocupado y con su familia sometida al desamparo absoluto."

La iniciativa del oficialismo, que espera ser aprobada en el Senado provincial para convertirse en ley, establece que el monto de la indemnización en las sentencias deberá actualizarse de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) más una tasa pura del 6% anual. Esta modificación equipara la tasa de interés aplicable en Provincia de Buenos Aires con la que actualmente se aplica en la CABA, generando así mayor igualdad entre las y los trabajadores del AMBA.

Para finalizar, señalaron: "La CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORES respalda esta ley provincial porque esencialmente se Inspira en la protección al trabajo, persiguiendo el puntual objetivo de poner freno a las conductas patronales especulativas alentadas, hoy más que nunca, por un gobierno nacional que considera al trabajo como un costo más a ser reducido y coloca a la producción y el comercio nacional en un escalón inferior al de los "grandes inversores", a quienes ofrece Infinidad de beneficios que niega a las pymes."