El 67% cree que se rompió el pacto “anticasta” y cae la aprobación de gestión de Milei

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que la percepción de corrupción en el gobierno de Javier Milei ya dejó de ser un tema lateral para convertirse en un factor central del desgaste oficialista. El dato más delicado para la Casa Rosada no es sólo que el 57,3% perciba corrupción generalizada en la gestión o que el 60,2% interprete las denuncias como parte de un problema general de gobierno, sino que esa lectura empieza a golpear directamente sobre la promesa con la que Milei construyó su legitimidad: la idea de venir a enfrentar a “la casta”. Cuando el 66,6% afirma que ese pacto se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometía combatir, lo que se erosiona no es únicamente la imagen de una administración, sino el núcleo simbólico que le daba sentido político a su discurso. En otras palabras, la sociedad empieza a percibir una contradicción entre el relato fundacional del mileísmo y la forma en que hoy se interpreta su ejercicio del poder.
 

Ese deterioro, además, no puede leerse sólo como un fenómeno opositor. La corrupción aparece como el principal desafío del país, incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, por encima del desempleo, la inflación o el salario, lo que muestra que el problema ya perfora al propio universo simbólico del mileísmo. Sin embargo, la manera de procesarlo sigue siendo distinta según el posicionamiento político: entre oficialistas todavía predomina una lectura que busca encapsular el problema en casos aislados y preservar parte de la excepcionalidad moral del Gobierno; entre opositores, en cambio, se consolida una mirada mucho más dura, donde la corrupción ya no aparece como desvío sino como rasgo de época del oficialismo. Esa diferencia revela dos cosas al mismo tiempo: que Milei todavía conserva un núcleo dispuesto a amortiguar el costo reputacional, pero también que por fuera de ese núcleo el veredicto social se volvió mucho más severo. Por eso, el problema de fondo para el Gobierno no es sólo el impacto coyuntural de las denuncias, sino que la bandera anticasta, que durante meses funcionó como fuente de autoridad moral y de tolerancia política frente al ajuste, empieza ahora a invertirse y a transformarse en un punto de vulnerabilidad.
 

En esa misma línea, el MOP muestra que la pérdida de credibilidad del Gobierno frente a los casos de corrupción no se agota en la percepción sobre hechos ya conocidos, sino que empieza a comprometer algo todavía más profundo: la confianza en su voluntad real de prevenirlos. El 66,6% de los consultados considera que la administración de Javier Milei no está comprometida con evitar hechos de corrupción, contra apenas un 32,2% que le reconoce algún grado de compromiso. Ese dato es políticamente delicado porque corre la discusión desde las denuncias puntuales hacia una sospecha más estructural sobre la forma de ejercicio del poder.

Ya no se trata de cuánto daño hacen los episodios concretos, sino de la sensación de que el Gobierno dejó de encarnar aquella promesa de limpieza institucional que fue uno de los núcleos de su construcción política. Cuando la percepción de lucha contra la corrupción empieza a desgastarse, también se erosiona uno de los blindajes simbólicos con los que el oficialismo venía amortiguando otros costos, especialmente los económicos. En ese contexto, el deterioro moral se superpone con el desgaste de gestión: cae la aprobación presidencial hasta el 33,1%, mientras crece la idea de que el pacto anticasta se rompió y que el Gobierno terminó pareciéndose a aquello que decía venir a combatir. Ahí aparece uno de los movimientos más sensibles del clima social actual: las denuncias no sólo afectan la imagen pública del oficialismo, sino que empiezan a tocar su zona más íntima, el núcleo identitario que lo diferenciaba del resto del sistema político.
 

A este desgaste por las denuncias de corrupción y por la ruptura del pacto anticasta se le suma, además, un malestar económico que Zentrix ya viene registrando en las mediciones previas y que en abril vuelve a aparecer con mucha fuerza en la vida cotidiana de los hogares. Los datos sobre economía doméstica terminan de darle cuerpo concreto a ese malestar: el 81,6% de los consultados reconoce que en los últimos seis meses tuvo que resignar algo para sostenerse, desde salidas, ocio o consumos no esenciales hasta compras habituales del hogar y, en los casos más delicados, gastos básicos como alimentos, salud o servicios.
 

El ajuste, así, dejó de ser una discusión abstracta sobre variables macroeconómicas para convertirse en una experiencia cotidiana de privación, donde una parte importante de la sociedad ya no está recortando excedentes, sino aspectos centrales de su vida diaria.

Sobre esa base material se monta buena parte del desgaste político que hoy exhibe la gestión de Javier Milei: cuando el 86,6% siente que su salario no le gana a la inflación y el 60,4% afirma que sus ingresos le alcanzan sólo hasta el día 20 del mes, la tolerancia social frente al ajuste empieza a depender cada vez más de la credibilidad del Gobierno. Y ahí es donde las denuncias por corrupción adquieren un efecto mucho más corrosivo: no irrumpen sobre una sociedad estable, sino sobre hogares que ya vienen haciendo esfuerzos, resignando consumos y administrando privaciones. En ese contexto, la percepción de que el Gobierno podría estar reproduciendo prácticas asociadas a la misma “casta” que prometía combatir termina agravando la decepción y trasladándola al plano de la evaluación política. Por eso, la caída en la aprobación no parece responder a un único episodio, sino a la combinación entre malestar económico cotidiano y pérdida de autoridad moral, una mezcla que ayuda a explicar por qué la desaprobación viene creciendo sostenidamente desde febrero.
 

INDEC

En abril, la distancia entre la economía que informa el INDEC y la economía que viven los hogares volvió a ampliarse. El 70,3% de los consultados considera que el dato oficial de inflación no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, un salto importante respecto de enero, cuando esa mirada alcanzaba al 56,4%, el valor más bajo de la serie. No se trata sólo de una discusión sobre metodología o sobre cómo se construye un índice: lo que aparece es una crisis de validación social del dato público. Cuando la inflación oficial deja de coincidir con la sensación cotidiana de encarecimiento, el problema deja de ser estadístico y pasa a ser político, porque se debilita la confianza en una de las referencias centrales con las que el Gobierno busca reforzar el debate económico.

Esa desconfianza encuentra una explicación concreta en el bolsillo. El 86,6% afirma que su salario no le gana a la inflación, el peor registro de toda la serie reciente, por encima del 74,7% de enero y del 83,9% de marzo. Ahí está el núcleo del problema: la sociedad no compara el dato oficial con una abstracción, sino con el resultado material que deja en la vida diaria. La inflación ya no se mide en decimales, sino en cuánto dura el ingreso, cuánto margen queda después de pagar lo básico y hasta qué fecha del mes se puede sostener el consumo habitual. Por eso, cuando el índice baja, pero el salario sigue sin recomponer poder de compra, el dato pierde capacidad de persuadir. El número oficial puede ordenar la macro, pero si no corrige la experiencia real del hogar, deja de ser creíble para una mayoría social.