El pasado 4 de junio de 2025, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad. Este avance legislativo representa un paso fundamental en la búsqueda de una política pública más justa y acorde a las necesidades reales de las personas con discapacidad y quienes las acompañan día a día.
Sin embargo, esta no es una lucha concluida. El proyecto aún debe ser aprobado por el Senado, y comienzan a circular versiones preocupantes sobre un posible veto parcial por parte del Poder Ejecutivo. En concreto, se habla de preservar únicamente la actualización arancelaria para prestadores, eliminando las reformas más sensibles vinculadas con auditorías y pensiones por discapacidad. De concretarse esta maniobra, se mantendría un sistema profundamente injusto, que lejos de facilitar la vida de las personas con discapacidad, reproduce obstáculos burocráticos y excluyentes.
La realidad que atraviesan los prestadores también merece atención. Es de público conocimiento que los aranceles actuales son insuficientes. Para dimensionarlo, basta decir que los valores se han incrementado apenas un 12,5 % entre diciembre de 2023 y junio de 2025, en un contexto económico donde el precio de los servicios básicos, los alimentos, el transporte y los alquileres se ha multiplicado varias veces. Esta situación resulta insostenible, tanto para quienes trabajan en el sector como para las familias que dependen de estos servicios esenciales.
Debemos recordar que tener una discapacidad no es un privilegio ni un artilugio para obtener beneficios. Es una condición de desventaja estructural que requiere la intervención activa del Estado para garantizar una vida digna. Esto no es un “curro”, como algunas voces irresponsables insinúan, sino un derecho humano básico.
Militar por los derechos de las personas con discapacidad es, ante todo, militar por una sociedad más equitativa, empática y civilizada. Celebramos la media sanción, pero no bajamos los brazos: esta pelea vale la pena darla hasta el final. Que sea ley. Y que sea ley completa.