BRÜGGE QUIERE ENDURECER LAS PENAS PARA LOS MOTOCHORROS Y ROBOS CON VEHÍCULOS

El diputado nacional Juan Fernando Brügge (Democracia Cristiana) presentó un proyecto de ley que propone castigar con hasta 15 años de prisión los robos cometidos mediante el uso de motos y automóviles. La iniciativa busca dar una respuesta contundente ante un flagelo que aterroriza a los ciudadanos en las calles de todo el país.

La propuesta modifica el artículo 166 del Código Penal de la Nación e introduce un nuevo agravante para este tipo de delitos, que en los últimos años han crecido de manera alarmante. Según datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, en el Área Metropolitana de Buenos Aires se denuncian en promedio 65 robos diarios cometidos por motochorros o vehículos.

“El uso de motocicletas y automóviles pone en un verdadero estado de indefensión a las víctimas, quienes quedan sin posibilidad de reaccionar o defenderse”, sostiene Brügge en los fundamentos del proyecto. Además, advierte que este fenómeno “genera un nivel de angustia y temor que afecta la vida cotidiana de la población y deteriora gravemente la seguridad pública”.

El proyecto también se hace eco de una preocupación que ya fue expresada oficialmente por la Legislatura de la provincia de Córdoba, que instó al Congreso de la Nación a endurecer las penas para este tipo de robos.

Además del agravante para el uso de vehículos en robos, la iniciativa propone reformas adicionales:

Uso de tecnología en el delito: se incorporan penas más severas para casos en que se utilicen inhibidores de señal o dispositivos electrónicos para vulnerar sistemas de seguridad de vehículos e inmuebles.

“Los avances tecnológicos y la evolución constante de las prácticas delictivas nos obligan a actualizar el Código Penal. La sociedad espera que sus representantes actúen con firmeza ante este tipo de crímenes que generan un enorme impacto social”, subrayó el diputado.

En un contexto donde el reclamo por más seguridad es transversal en todo el país, la propuesta de Brügge promete abrir un debate legislativo que ya cuenta con respaldo social y político. El desafío ahora será lograr consensos amplios para convertir la iniciativa en ley y ofrecer a los jueces herramientas eficaces para combatir un delito que ha convertido a muchas calles argentinas en verdaderas zonas de riesgo.